El Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida.
La iniciativa fue presentada por cuatro ministros el pasado 10 de junio en la Torre Ejecutiva.En la conferencia de prensa, el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la definió como un “buque insignia” de la actual administración.
Según la exposición de motivos, el proyecto busca trasladar al ámbito microeconómico los avances macroeconómicos que el país logró, atacando los costos regulatorios y administrativos que afectan a empresas y consumidores.
El texto sostiene que, una vez alcanzados niveles más estables de precios, los desafíos del crecimiento se trasladan al plano microeconómico: la productividad, la calidad regulatoria y la intensidad de la competencia pasan a ser determinantes de los costos de producción y del nivel de vida en Uruguay.
En ese sentido, la exposición de motivos plantea que la agenda de competitividad es, al mismo tiempo, una agenda de reducción del costo de vida, ya que regulaciones más simples y mercados más abiertos no solo benefician a las empresas sino que también permiten que los consumidores accedan a más variedad de bienes y servicios en mejores condiciones de precio y calidad.
Agilización de trámites
En los primeros artículos se crea el Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites y un sistema de registro centralizado de poderes y representaciones, para que empresas y personas no deban acreditar reiteradamente la misma documentación ante distintos organismos.
Entre sus medidas más destacadas figura la creación de la Ventanilla Única Marítima, que integrará en un solo sistema digital los trámites de arribo y salida de buques, y la ampliación del marco de acción de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (AViSU) para que abarque también equipos médicos, reactivos de diagnóstico y productos domisanitarios.
También se establece una vigencia mínima de diez años para los registros de productos sometidos a vigilancia sanitaria, se simplifican trámites agropecuarios y de la cadena cárnica, y se deroga la prohibición histórica de abrir carnicerías los domingos, vigente desde 1941.
Facilitación del comercio exterior
Los artículos crean el autodespacho aduanero, que permitirá a empresas con capacidad técnica acreditada gestionar directamente sus propias operaciones de importación y exportación sin depender de un despachante de aduana.
El proyecto también elimina la facultad del Poder Ejecutivo de aplicar detracciones a las exportaciones, promueve que los controles aduaneros se concentren en las operaciones de mayor riesgo en lugar de revisiones generalizadas, habilita el pago diferido de tributos de importación y elimina la obligación de conservar documentación en papel.
Además, levanta la prohibición de importar ciertos vehículos pesados usados (manteniendo la restricción para camionetas y utilitarios livianos) e incorpora un marco para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Promoción de la competencia
Los artículos transforman a la actual Comisión de Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado (Coprodec), con un directorio independiente y una nueva Dirección de Investigación separada de quienes deciden los casos. Se reduce el umbral de facturación que obliga a notificar una fusión empresarial e incorpora, por primera vez en el país, un programa de clemencia para detectar carteles.
Entre las medidas con impacto más directo en los consumidores, se habilita el ingreso de “registrantes subsiguientes” para combatir la segmentación de precios entre Uruguay y la región, se obliga a las grandes superficies y al comercio electrónico a publicar el precio por unidad de medida, y se habilita al Poder Ejecutivo a regular las tasas de intercambio que se cobran por el uso de tarjetas.
Innovación y aceleración de la inversión
Los artículos están centrados en las mipymes, que según el proyecto generan el 65% del empleo privado del país. Se propone sustituir los saltos abruptos en la carga tributaria por un esquema gradual a medida que las empresas crecen, y se crean una plataforma unificada de trámites ante BPS y DGI y un sistema gratuito de facturación electrónica.
En el plano financiero, se habilitan “sandboxes” regulatorios bajo supervisión del Banco Central para testear nuevos productos, se amplía el régimen de fondos de inversión y se crea un Sistema de Finanzas Abiertas para compartir información crediticia con consentimiento del usuario. El capítulo incluye además estímulos sectoriales para zonas francas, minería, pesca, la cadena láctea, la vitivinicultura y la investigación clínica.
Además, el último artículo del proyecto de ley establece que ningún mecanismo de estímulo, facilitación o modificación contenido en la ley aplicará a la industria del tabaco y sus empresas asociadas.
